Finalmente, el gobierno de la “transparencia” nos permitió conocer las condiciones con las cuales el Ecuador firmó un acuerdo con el FMI que nos endeuda en 4.200 millones, que sumados a otros préstamos de organismos multilaterales llegan a los 10.279 millones. Hizo falta mucha presión de instituciones y ciudadanos para que finalmente la carta y el anexo que tienen fecha 1 de marzo de 2019, estén disponibles para nosotros en este link.
Por un lado, hemos entendido que “la transparencia y buen gobierno” que además es uno de los pilares fundamentales que se manifiestan en el acuerdo, no son más que un simpático discurso que solo se materializa cuando el gobierno cede a la presión. El secretismo con el que se hizo el acuerdo y se llegó a él dan muestra de una de las características más visibles del actual gobierno: la política de la sorpresa y la improvisación.
Ahora bien, más allá de las formas, lo que resulta preocupante es el contenido del documento, mismo que debe analizarse con mucho detenimiento pero que requiere en un primer instante ciertas “traducciones”. Es bien sabido que vivimos, sumado a todo lo demás, una época de grandes eufemismos; los discursos se utilizan básicamente para tapar errores y esconder políticas de perjuicio.
En este sentido, si algo debemos reconocer al documento es que da cuenta de lo que expresa en un primer momento: que Ecuador “está dispuesto a tomar las decisiones de política pública que sean necesarias para alcanzar los objetivos de dicho programa”, vale aclarar, el programa de Lenin Moreno y Richard Martínez que se denomina +Prosperidad (otro eufemismo para no decir +Neoliberal). Una primera traducción se vuelve indispensable, ya que la frase así leída no da cuenta de lo que realmente quiere decir, que el Ecuador está dispuesto a hacer todo lo que le pida el FMI, sin importante el costo social que esto represente.
En adelante, el documento da cuenta de las estrategias de obediencia que contrastan muy visiblemente con el discurso de protección a los pobres, ya que, en la práctica, ha quedado demostrado que para el actual gobierno el grupo de menor importancia es precisamente el más vulnerable. Veamos entonces algunas de las premisas del documento y sus respectivas “traducciones”:
1. Reducción del subsidio a los combustibles para reducir las “distorsiones”: entiéndase por distorsión todo aquello que beneficie al grupo que no debería beneficiar, nuevamente, a los “más vulnerables”. La frase podría ser leída así: Eliminación de los subsidios a la gasolina, que tener vehículo sea un privilegio.
2. Adicionalmente: “Normalización del precio del diésel” es decir: aumento o “subida” del precio del diésel.
3. Las medidas requerirán de un esfuerzo de la ciudadanía. Es decir, seguirán los despidos masivos y el desempleo, el aumento de la pobreza y del costo de vida, pues hay que devolver el dinero al FMI.
4. Reajuste de la masa salarial del sector público. Punto que además tienen algunas especificidades como el hecho de “renovar únicamente uno de cada dos contratos que expiren en los sectores no sociales y de armonizar los sueldos de los nuevos empleados del sector público con los del sector privado, cuyos niveles son, en promedio, más bajos que en el sector público”. Esto merece dos traducciones de mucha importancia:
a) Los despidos seguirán en aumento (sobre todo en feriados).
b) Los sueldos de los empleados del sector público seguirán bajando. Aquí cabe dar un ejemplo, dado que lo que manifiesta el acuerdo es que se equipararán los sueldos del sector publico al privado (reconociendo que los últimos son más bajos), entonces, un docente que en la actualidad gana 817 USD aproximadamente, tendría que ganar el sueldo básico 394 USD (que, lamentablemente, es lo que muchos centros privados pagan a un profesor, llegando en el mejor de los casos a 500 USD).
5. Reforma tributaria para que sea más “equitativa”. Entiéndase por equitativa, que no diferencie a quienes ganan más de los que ganan menos. Por lo tanto: reforma tributaria para que todos paguen los mismos impuestos (siendo más beneficiados los ricos).
6. Además, “rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta antes que directa”. Es decir, en términos simples y sencillos: Aumentar el IVA, y con él todo el costo de la vida de los ecuatorianos y la inflación.
7. Actualizar las tarifas por servicios públicos. Por lo tanto, mayores tarifas de luz, agua, alcantarillado, y un largo etcétera. Hasta sacar la cédula podría entrar aquí.
8. “Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad publica, pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados”. Básicamente “concesionar”. Como lo que se está haciendo con CNT, la empresa más rentable del Estado, eliminando una gran fuente de ingresos del país, pero beneficiando a unos pocos empresarios “vivos”.
9. Eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas. En el documento, ésta se cataloga como otra “distorsión”, así que ya sabemos lo que quiere decir. Básicamente, todo impuesto que no beneficie a los que más tienen debe irse eliminando o reduciendo.
10. Y, por último, uno de los más densos: una reforma laboral, que “implica adaptarse a las condiciones del mercado y de la sociedad retirando cuidadosamente las restricciones actuales que resultan en menores oportunidades para las personas que no tienen un empleo”. Es decir, flexibilización laboral, pero no para el bien del trabajador, sino para el bien del empresario. Vuelta a la precarización y a la tercerización, a sueldos de miseria, a competencia respecto de quién puede pagar menos y explotar más.
Estamos, como puede verse, ante uno de los golpes más bajos que ha lanzado el gobierno actual a los ciudadanos del país. Estamos ya en el pozo, y en caída libre, más endeudados que nunca (aunque el documento dice que quiere reducir la deuda pública “endeudando más al país”), y en los inicios de una nueva “larga noche” neoliberal.
Muchos aún nos preguntamos si en lugar de sacrificar el país, de entregarlo en peso, de enviar al matadero a muchas personas y familias, no era más fácil cobrar la deuda que se le perdonó a los banqueros, en un aproximado de 4000 millones de dólares (casi lo que nos da el FMI). Hoy, ya estamos a las puertas de una nueva deuda, en la que los intereses se pagan con miseria, con marginación, con desempleo y pobreza. Así avanzamos, como leía por ahí en una imagen, en el país de la “pos-peoridad”.
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