El debate parlamentario ecuatoriano encabezado por el correísmo, sobre la destitución presidencial, se basa en la “grave crisis política y conmoción interna” (Art. 130 de la Constitución). Otras bancadas como el PSC y PK están en contra de la calificación de existencia de crisis política o conmoción interna, han dicho que el Ecuador necesita estabilidad y la conservación del régimen de derecho. CREO y Lasso se han victimizado y continuan con el discurso del golpismo. Al margen de este debate, sobre la destitución o la muerte cruzada, -que a propósito la inició el mismo presidente-, aquí me interesa resaltar el concepto de conmoción.
La definición política y jurídica de conmoción se refiere a los casos graves de perturbación del orden público, catástrofes naturales, calamidades públicas, conflictos armados, que atentan a la estabilidad y seguridad del Estado, de las personas, a la convivencia ciudadana y al sistema de los derechos humanos; y que no puede contenerse con las facultades de la presidencia, ministros, fuerzas armadas, policía, asambleas o congresos nacionales (Art. 213 de la Const. de Colombia, Art. 262 de la Const. Rep. Dom., Art. 338 de la Const. de Ven., Art. 164 de la Const. del Ecuador). De esta situación, las constituciones latinoamericanas han desagregado los llamados Estados de Excepción, una herencia de la institución romana de dictadura.
En Ecuador existe un conflicto armado que he denominado la guerra por la cocaína. Sería actuar con malicia o ingenuidad, al tratar el grave problema del narcotráfico, las matanzas en las cárceles, los cientos de asesinatos tipo sicariato, como un problema común y corriente. Es más, la normalización de estos sucesos sangrientos es el efecto del descontrol total y la incapacidad estatal para enfrentar el conflicto de la droga, como nos lo demuestran históricamente los casos de Perú, Colombia, México y otros. Cuando un Estado o una sociedad empieza a tomar como normales las batallas en las cárceles o los asesinatos, es prueba que estos van perdiendo la guerra.
La guerra por la cocaína ha causado conmoción social, ha perturbado con gravedad el orden público, ha causado calamidades familiares y públicas insubsanables, conflictos armados y territoriales; hay completa inestabilidad e inseguridad en las cárceles y en varias provincias del país; la convivencia ciudadana ha sido trastornada y el sistema de derechos humanos quebrantado. Existe una grave conmoción interna en Ecuador, como parte del proyecto narcodelictivo internacional, y la presidencia, las fuerzas armadas, la policía y la Asamblea se han convertido en generadores de opinión (y algunos individuos en cómplices delictivos), pero no en reales contendientes. No hay Estado de Excepción que valga, porque el narco es la excepción a todo derecho. No cerremos los ojos ante la cruda realidad, la sociedad civil y la política pública tiene que empezar la crítica y la acción por las raíces mismas.