El gobierno de Lasso enfoca sus discursos en supuestamente instaurar dos regímenes laborales: 1) el ya existente con el Código de Trabajo y 2) el que se crearía con la nueva ley laboral, que tiene actualmente el nombre populista de Ley de Creación de Oportunidades. Como gancho de venta de la nueva ley se dice: “no se tocarán los derechos adquiridos con el anterior Código de Trabajo”. Ahora bien, de los 8,3 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), apenas 2,6 millones tienen empleo adecuado, la mayoría supera los 30 años de edad, y de estas 2,3 millones están regidas por el Código de Trabajo, un poco más de 300 mil empleados están bajo la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP). Solo con esta consideración, el nuevo régimen laboral tiene un mercado de 5,7 millones de personas, es decir el 68,6% de la población. Si se tiene en cuenta que la PEA ecuatoriana crece a un ritmo de 225 mil a 250 mil personas al año, siempre la mayoría de trabajadores dependerá de la nueva ley y no del Código de Trabajo. Al cabo de unos 30 años, el régimen laboral del Código de Trabajo se extinguiría, el nuevo proyecto de ley incluye un acta de defunción anticipada al Código de Trabajo de Enríquez Gallo.
Según el Ministro de Trabajo, Patricio Donoso, la nueva ley laboral incorporaría la contratación por horas y otras modalidades, flexibilización de las jornadas, despidos intempestivos sin indemnizaciones, incrementos de los tiempos de trabajo a prueba, reducciones de los salarios sectoriales y ocasionales, eliminación de los décimos tercer y cuarto sueldos, vacaciones, jubilaciones patronales, fondos de reserva, reducción y eliminación de las utilidades por cargas familiares, afiliaciones al IESS y, por si fuera poco, se crearía una tabla de indemnizaciones para despidos de los que están regidos por el Código de Trabajo. El pretexto central para esta ley, similar a la de Moreno en 2019, es la crisis generada por la pandemia, ante la cual Lasso ha planificado dos posiciones: la aprobación a través del legislativo o la Consulta Popular. Las manos detrás del proyecto son de sobra conocidas: el FMI.
A pesar del agobiante desempleo y la precarización laboral, el FMI se inventa la cifra de que el 30% de la población trabajadora ecuatoriana gana más de 1000 dólares, el gobierno dice que el 4%, para implementar, además de la precarización, una reforma tributaria para recuperar 500 millones de dólares que el Estado ha invertido en la vacunación. No solamente que se quiere declarar la muerte anticipada del Código de Trabajo, sino que se pretende extraer mayores aportaciones de una población que ha disminuido sus ingresos. Sin embargo, los grandes empresarios siguen debiendo solo por mora al Estado más de 7 mil millones de dólares.
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