Hablar de las revueltas en América Latina es traer a la luz una serie de dinámicas heterogéneas que posicionan actores, voces y situaciones. En el siguiente artículo busco aclarar los modos en que aquellas surgen en el caso ecuatoriano, más precisamente, en el marco de las protestas de octubre de 2019. Para ello, parto de los detonantes de la protesta en medio del giro neoliberal de la política ecuatoriana, para luego centrarme en las diferentes caras de la resistencia tratando de poner, finalmente en evidencia, los logros y los puntos pendientes en la agenda de la lucha popular. A manera de conclusión, un pequeño epílogo conecta ese momento a la actual crisis global.
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De causas y detonantes
A inicios de octubre de 2019, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, apareció en una cadena nacional televisada para hacer un importante anuncio a la ciudadanía. Los días previos, la población ecuatoriana comentaba la intención del gobierno de subir el impuesto al valor agregado (IVA), por lo que dicha intervención tenía tras de sí un público expectante. El discurso se sostuvo básicamente en la idea de que todos los habitantes del país debían “poner de parte”, para arreglar una crisis “heredada”, y solucionar problemas relativos al “mal manejo de la economía” y a una lamentable “corrupción generalizada”. No será ni la primera ni la última vez que Moreno buscará justificar sus decisiones culpando a su predecesor[1].
Los anuncios de aquella tarde podrían agruparse en tres bloques:
1. Como alternativa al aumento del IVA, cuya aprobación iba a tomar más tiempo al gobierno, se eliminaron los subsidios, tanto de la gasolina regular como del diésel, principal recurso de los transportistas urbanos y de quienes trasladan los productos de primera necesidad entre provincias[2].
2. Se anunció la presentación de una reforma laboral que contemplaba la flexibilización laboral, la posibilidad de contratar personas por jornadas mayores a las ocho horas diarias sin pago de horas extras, y posibilidad de establecer contratos con periodos de prueba muy cortos. Además, algunas medidas que afectaban directamente a los trabajadores públicos, como una reducción de sus días de descanso o de sus beneficios y salarios.
3. Se disminuyeron o eliminaron algunos impuestos y aranceles, sobre todo relacionados a la importación de maquinarias o equipos tecnológicos.
Lo que vino después de dicho anuncio resulta ya bastante conocido, y no necesariamente gracias a la labor periodística de los medios tradicionales del propio país: los transportistas anunciaron una paralización inmediata de sus servicios, y a ella fueron integrándose otros grupos y movimientos provenientes de sectores de trabajadores, estudiantes, colectivos de mujeres, indígenas, entre otros. Se trataron de jornadas de manifiesta violencia, aunque, por parte del Estado, de una singular represión. Once días después, tras un decreto de estado de excepción, un toque de queda, 10 personas fallecidas y un importante número de heridos (más de 1340)[3] el gobierno se vio obligado a ceder llegando a un acuerdo para iniciar un diálogo liderado por el movimiento indígena.
Este relato nos permite ubicar en el tiempo la revuelta de octubre que estalló, casi al mismo momento y ritmo que la de otros países como Chile. Sin embargo, si se tratara de ubicar el inicio de la inconformidad tendríamos que ir un poco más atrás en la historia, razón por la que hablamos de un detonante y no de una causa. En la mencionada cadena televisiva, con un lenguaje plagado de eufemismos, Moreno hablaba de sus aparentes logros, en función de una carta de intención secretamente elaborada y previamente firmada por el gobierno con el FMI. Era en definitiva una rendición de cuentas.
Dicha cadena, cual detonante de una bomba a punto de estallar, no fue sino “la gota que derramó el vaso”, de una serie de cuestiones frente a las cuales la población estaba verdaderamente cansada: despidos masivos en el sector público, un sentido encarecimiento de la vida, aumento de la delincuencia, reducción de presupuesto en áreas prioritarias, disminución de becas, y un largo etcétera. Todo esto había puesto en el ojo del huracán a un gobierno que cada vez mostraba más su incapacidad para gobernar el país.
Las dinámicas de resistencia
¿Qué es un loco, sino alguien que pretende obtener respuestas diferentes utilizando siempre la misma estrategia? Decir FMI en el Ecuador es recordar a sus habitantes épocas muy dolorosas ligadas en primer lugar al empobrecimiento y en segundo a la migración masiva que trajo consigo la separación de miles de familias. Sin embargo, vemos en Ecuador a un gobierno insistente en su afán por ingresar a sus lógicas económicas que, como se ha comprobado reiteradamente, no dan resultado y lo único que suelen provocar es que la crisis se agrave[4].
El acuerdo con el FMI, no es para nada una buena noticia. Este consiste básicamente en una deuda de 4200 millones de dólares, que sumados a otras multilaterales llegan a los 10279 millones. A cambio, y como es costumbre en este tipo de acuerdos, Ecuador se compromete a cumplir una serie de condicionamientos de tipo social y económico, mismos que incluyen: eliminación de subsidios a combustibles, reducción del Estado, reajuste del salario de los servidores públicos, reforma tributaria en beneficio de las empresas, aumento del IVA, elevación de tarifas de servicio público, concesión de empresas públicas, eliminación del impuesto a la salida de divisas y reforma laboral para “adaptarse a las condiciones del mercado”, es decir, flexibilización[5].
Ahora bien, cada uno de los desembolsos de dinero por parte del FMI al Ecuador, se produce una vez que el país les demuestre que ha seguido obedientemente, sus órdenes. Es por ello que Moreno “rinde cuentas” no a los ciudadanos, sino a quien realmente se debe a partir del momento en que decidió dar un giro radical a la política económica del país pactando con este organismo. Las medidas de octubre de 2019 no serán sino la puesta en práctica de las condiciones impuestas, a cambio de un préstamo cuyos intereses tendrían que pagarse con miseria[6].
De este modo, podemos establecer una relación directa entre las medidas adoptadas por el gobierno, y la carta de intención. Las decisiones relativas a la liberación del precio de los combustibles, tendrían como consecuencia el aumento de precio en todos los productos de primera necesidad, así como en el costo del transporte urbano, y por extensión, en todos los bienes y servicios. En realidad, en el cálculo político, la medida respondió básicamente a la imposibilidad del gobierno de subir el IVA a corto plazo, por lo que optó por un mecanismo más rápido, justificándolo en un supuesto afán de luchar contra el tráfico de gasolina en las fronteras.
En el ámbito laboral, la respuesta radicalizó el interés por reducir un estado “obeso” a los ojos del Fondo monetario internacional y del neoliberalismo al que representa, y que venía materializándose en una serie de despidos en el servicio público (asunto que, lamentablemente, el gobierno presenta siempre como uno de sus mejores logros). Justificando las medidas en el apoyo al emprendimiento, no se hacía sino mermar los derechos obtenidos históricamente en el ámbito del trabajo favoreciendo lo que ya venían exigiendo los diferentes gremios empresariales al gobierno, y estigmatizando todo lo público con el fin de facilitar posteriormente las concesiones y privatizaciones.
De modo que los supuestos alicientes relativos a la reducción de impuestos y aranceles solo podrán ser leídos a la luz del beneficio que aquellos representan para uno u otro sector. Básicamente, la población tendría más acceso a bienes tecnológicos libres de impuestos, que no reemplazarían la ahora inaccesible canasta básica. La premisa queda clara si se considera que los subsidios están pensados para beneficiar a los pobres, mientras los incentivos (como la reducción de impuestos) benefician a los ricos.
Por lo tanto, la resistencia de la población no es exclusivamente respecto de las medidas económicas, sino de la política orientada a satisfacer al FMI. No se trata de un asunto aislado y coyuntural sino de la evolución de una agenda que se va dibujando en diferentes sectores y movimientos y que se activa cuando las lógicas neoliberales se vuelven más evidentes. A riesgo de simplificar una realidad muy compleja y del todo heterogénea, y a sabiendas de que la resistencia toma muy variados caminos y se expresa de muchos modos, considero que existieron (y existen aún), al menos tres diferentes dinámicas de resistencia, puestas en marcha a partir de las revueltas de octubre de 2019:
Resistencia al neoliberalismo
Tan pronto llegó al poder, Moreno comenzó un radical giro que sería tachado por sus antiguos partidarios de “traición”. Este giro a la derecha, representó para el Ecuador un retroceso en los logros sociales alcanzados previamente en ámbitos como la salud, o la educación, así como una pérdida de eficiencia en el Estado. Al poco tiempo iniciaron los despidos masivos en casi todas las instituciones estatales, los anuncios de privatización y venta de las empresas públicas, y el alejamiento diplomático de los países que buscaban una integración alternativa en la región.
Por ello las consignas de las protestas en Ecuador eran claras: “no queremos FMI”, y “fuera Lenín”. Si bien todo inició con una paralización de las actividades de los transportistas, y, por lo tanto, por la eliminación de los subsidios, pronto serán muchos los grupos ciudadanos manifestando su contraria a continuar con una política orientada a responder a las lógicas provenientes de organismos como el FMI o el Banco Mundial. El reclamo pasó del combustible a la exigencia de mejorar las condiciones de vida de la gente, a poner atención a los ámbitos sociales prioritarios, y finalmente a garantizar el trabajo digno.
Resistencia a la estigmatización
Durante las protestas, el gobierno posicionó dos ideas, como oficiales, en sus discursos, por un lado, que se trataba de una cuestión exclusiva de los transportistas y que es con ellos eran los únicos interlocutores, y por otro, que los focos de violencia que se suscitaron en medio de las revueltas eran provocados desde el exterior. Así, aparecieron varios chivos expiatorios, entre los que se incluía a grupos guerrilleros, a pandillas, a agentes rusos, a Venezuela, a Cuba, a seguidores del anterior presidente, y hasta los medios de comunicación alternativos.
Todo ello no hizo sino provocar mayor indignación entre los protestantes, dado que se minimizaba la fuerza que tenían diferentes grupos de poder actuar y expresarse, al tiempo que una suerte de ficción se volvía política de Estado. Por supuesto, en ciertos sectores esto no hizo si no avivar el odio hacia otros segmentos de la población y una xenofobia latente. Las reivindicaciones ciudadanas no tardaron en esperarse visibilizando así una nueva resistencia que permitía comprender los diversos lugares desde los que aquella había surgido. Se trató, en definitiva, de una lucha contra la estigmatización a escala gubernamental.
Resistencia a la manipulación
Tanto los discursos oficiales como los elementos relacionados a la política neoliberal ecuatoriana, tienen sus grandes aliados. Posicionar un discurso que desvaloriza lo público, que resalta la deficiencia de las instituciones estatales, y que repite constantemente que la culpa de ello no es del actual gobierno sino del anterior, no podría lograrse eficazmente sin algunos conocidos medios de comunicación. Durante las protestas ellos fueron claves, sea para repetir estas ideas, sea para, simplemente, estar ausentes. Internacionalmente se cuestionó el rol de los canales televisivos del país, dedicados a transmitir programas infantiles, cuando las protestas habían alcanzado fuertes niveles de violencia[7].
Todo ello hizo que, tanto aquellos que se encontraban en las calles protestando como aquellos que no, comiencen a desconfiar de los grandes medios del país, alineados con el gobierno de Moreno. Las personas prefirieron ser ellos mismos sus informadores lo que provocó una oleada de Fake News difíciles de discriminar, pero también mucha información a la mano para descubrir que los medios no decían todo o toda la verdad. La desconfianza en los medios, devino en desconfianza del gobierno, quien, posterior a esta fecha, comenzará un desplome de credibilidad, que hoy por hoy, bordea el 4%.
Logros parciales y puntos pendientes
Las protestas concluyeron con un diálogo televisado entre el gobierno y los representantes del movimiento indígena[8]. Esto desplomó la intención gubernamental de colocar toda la culpa sobre los hombros de los transportistas, y los obligó a reconocer que la protesta tenía diferentes focos y actores. Por otro, lado, y pese a que éste se presentó desde el inicio como “el gobierno del diálogo”, esta fue la primera vez en que tuvieron que sentarse a negociar, acostumbrados, como estaban, a disfrazar de “diálogo” las reuniones de simpatizantes en las que presentaban, como acuerdos, decisiones previamente tomadas.
Por ello, simbólicamente hablando, este diálogo representó una pérdida de legitimidad del gobierno nacional, no solo en relación al manejo de esta particular crisis, sino a los diferentes discursos que habían querido posicionar desde el inicio de su mandato. Al mismo tiempo, representó una nueva época para los indígenas, colocados ahora como representantes y portavoces del descontento generalizado de la ciudadanía, en un espacio en el que, con sencillez, mostrarían al público su capacidad para enfrentar a un grupo de gobernantes cabizbajos.
En el espacio se responsabilizó al gobierno del mal manejo de la economía, se puso en evidencia la desproporcionada violencia y represión con la que actuaron los policías y militares, se increpó a algunos de los funcionarios del régimen a renunciar, se comparó la aceptación de condiciones del FMI por 4200 millones con la condonación de deudas e intereses a grandes grupos económicos en el país por un valor similar[9], y se cuestionó al gobierno por haber colocado a toda la derecha tras bambalinas en el poder. Al final, Moreno tuvo que ceder y derogar el acuerdo en el que se eliminaban los subsidios.
Como se suele decir, se ganó la batalla, pero no la guerra. Hoy podríamos decir que se trató más bien de un desesperado intento por volver a la normalidad, garantizando que otros aspectos de importancia pasen a segundo plano. Por ello, aunque existen evidentes logros materiales y simbólicos de estas jornadas, cabe manifestar que todavía hay varios puntos sobre la mesa que requieren ser discutidos, entre ellos la focalización de los impuestos y el cobro de las deudas “perdonadas”, la lucha por sostener los derechos laborales evitando la flexibilización y la explotación, la necesidad de desmarcarse del FMI, y, por supuesto, la transformación estructural del Estado para que beneficie a los que más necesitan.
A manera de epílogo
Una nueva crisis puso en evidencia la poca capacidad del gobierno ecuatoriano para responder a situaciones relevantes. Nuestro enemigo invisible, el COVID-19 se tornó una muestra más de que aún hay luchas por ganar, de que no es buena idea disminuir el presupuesto de salud, y de que el Estado es necesario para garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, a casi tres años de gobierno, sigue siendo el discurso oficial que ellos no tienen la culpa, que solo sostienen una deuda heredada, y que la única forma de hacerlo es acumulando más deuda.
A finales del mes de marzo de 2020, y en medio de esta crisis que nos azota a nivel global, al gobierno se le ocurrió que era buena idea pagar a los tenedores de bonos de deuda, la cantidad de 320 millones de dólares, dejando impagos a maestros y servidores públicos. Mientras, anunciaban nuevos desembolsos del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano y de la CAF. Sigilosamente, y aprovechando la crisis, se asegura el cumplimiento de las condiciones impuestas, y se retoma, tras bambalinas, el tema de la eliminación de los subsidios. Como buenos ejecutores de las tareas neoliberales, se coloca la economía por encima de las personas, y se invita a que olvidemos la crisis política para centrarnos en la crisis sanitaria.
[1] El discurso que culpabiliza de la crisis actual al anterior gobierno se ha convertido prácticamente en el discurso oficial. Para hacer una lectura de esto hay que considerar que Lenín Moreno está ya a las puertas del último año de su periodo presidencial, y que él mismo fue vicepresidente de Rafael Correa, su predecesor. Su giro hacia la derecha se sustenta también en el discurso de una crisis heredada. [2] El Ecuador mantiene una política de subsidio de combustibles desde 1974, lo cual hace que sus precios se reduzcan en relación a los otros países de la región. Esto permite sostener la economía de familias de clases populares y medias que dependen de este tipo de subsidios, aunque, ciertamente motivan el tráfico de gasolina en las fronteras. [3] El Comercio. “Octubre del 2019, mes de las protestas sociales en el mundo”. Sección Mundo, 25 de octubre de 2019. [4] Bermúdez, Ángel. “El FMI en América Latina: el controvertido rol del organismo en grandes crisis económicas en la región y el resto del mundo”. BBC News Mundo. 16 de octubre de 2019. [5] International Monetay Fund (IMF). “Carta de intención con el gobierno de Ecuador”. 1 de marzo de 2019. [6] En el marco de los acontecimientos de octubre de 2019, escribí un artículo para traducir las condiciones del FMI a un lenguaje más cercano a la población. Lo titulé “Pagar intereses con miseria”. En www.sociotramas.org [7] RT. Actualidad. “Al Gobierno de Ecuador le "llama la atención" que RT transmitiera en vivo las protestas más masivas en su país en los últimos 15 años”. 15 de octubre de 2019. [8] La Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE) es la organización indígena más grande del Ecuador. Se trata de una entidad heterogénea que tiene representantes de las tres diferentes regiones del Ecuador. En tanto movimiento tienen un proyecto basado en el reconocimiento de la identidad indígena, la sostenibilidad ambiental y el rechazo a la política neoliberal y al intervencionismo. [9] La “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” publicada en el Registro oficial el 21 de agosto de 2018 favoreció la condonación de intereses, multas y recargos, sobre todo a los grandes grupos económicos del Ecuador.
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