La configuración estatal del gobierno de Moreno, heredero del correísmo, continúa su marcha en el Gobierno de Lasso. Se mantienen las obligaciones con el FMI, el alza de combustibles, pasajes, insumos agrícolas, no hay tabla fija de precios de productos básicos y siguen congelados los salarios. A lo que los movimientos sociales han respondido con movilizaciones y hasta huelga de hambre en el caso de los maestros. La contraloría sigue descabezada y Lasso asegura que mantendrá las riendas institucionales dejadas por Moreno. La mayoría de propuestas electorales de Lasso no tienen estructura definida para su cumplimiento. Excepto el plan de vacunación, que en realidad es exitoso, si se compara con los golpes ciegos de los anteriores ministros de salud.
El ejecutivo prepara el camino para la privatización de distintos segmentos estatales y estos planes no son necesariamente rentables. Moreno cerró la empresa de trenes del Ecuador con la intención de venderla a la empresa privada, sin embargo, el cierre acarreó más deudas y, por tanto, menos intenciones privadas. Las poblaciones por donde atraviesa el tren han dejado de ser turísticas para convertirse en pueblos fantasmas. CNT, por ser la empresa pública más rentable ha recibido gran cantidad de ofertas privadas. Aunque Moreno tuvo la determinación de privatizarla, no le alcanzó el tiempo. A inicios del gobierno de Lasso, las denuncias de ciberataques y posibles quiebras, no son más que parte de la estrategia mediática para continuar con su privatización. Los objetivos de los bloques petroleros y mineros no han cambiado y seguirán beneficiando a las transnacionales. La venta de las 45 gasolineras de Petroecuador a la empresa privada que propone Lasso, se suma a las 48 que ya vendió Correa en el año 2015. Lasso mantiene los planes de privatización de las empresas eléctricas y otros servicios públicos.
Las normativas de los distintos legislativos y las políticas presidenciales en materia laboral de más de una década han seguido la línea de la recategorización y flexibilización laboral. La recategorización legal cumplió el papel de traspasar a miles de trabajadores regidos por el Código de Trabajo, a la categoría de empleados regidos por la LOSEP, perdiendo los derechos de estabilidad laboral. Aunque el Ministerio de Trabajo y el de Agricultura han ejecutado varias modalidades de contratación para flexibilizar la mano de obra, ahora se habla de la creación de un nuevo Código Laboral paralelo al actual, para reestructurar la vinculación de los trabajadores, prosiguiendo la marcha de la recategorización, flexibilización y el trabajo por horas.
Estas políticas lejos de solucionar la grave crisis económica que atraviesa Ecuador, están causando mayor desempleo, disminución de salarios, migración del campo a la ciudad y hacia el extranjero, narcotráfico y actividades ilegales, pérdida adquisitiva, desconfianza en los sectores populares y la juventud. Los diálogos y acuerdos que ha tenido la presidencia con el legislativo, y otros actores políticos y económicos no están dirigidos a solucionar la carestía de la vida, sino a conservar la estabilidad del gobierno. En la cruda realidad política y económica Lasso no se distingue de Moreno.
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