En la comunidad de Segunda y Cajas, ubicada en el Distrito Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba, la minería informal constituye una de las actividades más preocupantes debido a su impacto ambiental y a los efectos adversos sobre la salud de los habitantes. Esta práctica, que se desarrolla sin ninguna regulación, ha experimentado un aumento considerable en los últimos años, particularmente en las zonas fluviales del "Sector Montaña", donde operan dragas para la extracción de metales preciosos. Lo más alarmante es que esta minería ilegal continúa realizándose a plena vista de las autoridades locales, distritales y provinciales, así como de los dirigentes de las Rondas Campesinas, quienes, a pesar de estar al tanto de la situación, no implementan medidas eficaces para erradicarla.
A pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones por promover la defensa del medio ambiente, incluidas las propias Rondas Campesinas y los dirigentes comunales, se observa una grave contradicción entre el “discurso y la acción”. Mientras se clama por la conservación de los recursos naturales, la minería informal sigue expandiéndose sin control, provocando la contaminación de los ríos y la destrucción de ecosistemas vitales para la región, incluidos los territorios del Departamento de Cajamarca. Las dragas, que operan sin licencia ni supervisión, continúan extrayendo minerales de los cauces fluviales, lo que causa un impacto ambiental irreversible y pone en riesgo las fuentes de agua que abastecen a las comunidades cercanas.
Este escenario se vuelve aún más preocupante cuando se considera el conflicto ambiental activo en torno a proyectos como el de Río Blanco Copper, fuertemente cuestionado por sus impactos ambientales y los lamentables episodios de violencia ocurridos en la zona. Si se defiende el medio ambiente contra grandes proyectos mineros, ¿por qué se permite que la minería informal cause daños igualmente destructivos, sin control ni regulación? La incoherencia de las autoridades y los líderes comunitarios refleja una debilidad en las políticas locales y una postura inconsistente frente a la minería, sea cual sea su tipo.
La minería informal en Carmen de la Frontera no es solo una cuestión de ilegalidad, sino también un síntoma de la falta de coordinación entre las autoridades locales, las organizaciones comunitarias y los actores involucrados en la toma de decisiones. Esta falta de acción se ve reflejada en la incapacidad para generar alternativas de desarrollo sostenible que sustituyan las actividades extractivas, como la minería informal, por prácticas que respeten los equilibrios ecológicos y promuevan el bienestar de las comunidades a largo plazo.
Uno de los aspectos más preocupantes de la minería informal es su capacidad para generar un círculo vicioso de pobreza y destrucción ambiental. Mientras las comunidades, en su mayoría rurales, ven en la minería informal una oportunidad para mejorar su situación económica, los efectos colaterales de esta actividad son devastadores. El uso de mercurio en la extracción de oro es una práctica común en la minería informal, lo que contamina los ríos y afecta gravemente la salud de los pobladores, quienes, muchas veces, desconocen los riesgos de esta actividad. Además, la destrucción de bosques y suelos agrícolas por el uso de maquinaria pesada sin ningún control contribuye al empobrecimiento de la tierra, reduciendo la capacidad de las generaciones futuras para depender de la agricultura y otras actividades económicas sostenibles.
Este ciclo de daño ambiental y empobrecimiento socioeconómico está alimentado por la falta de educación y sensibilización en las comunidades afectadas. Si bien existen iniciativas aisladas para promover la agricultura sostenible y el ecoturismo como alternativas a la minería, estos esfuerzos son insuficientes y carecen del apoyo adecuado para transformarse en una solución real y duradera. En este contexto, la lucha contra la minería informal no puede limitarse a la imposición de sanciones, sino que debe incluir una estrategia integral de desarrollo rural que combine la mejora de las condiciones de vida de la población con la protección activa del medio ambiente.
La contradicción entre el discurso ambientalista y la permisividad de la minería informal también pone de manifiesto la falta de un marco normativo efectivo que permita una regulación eficaz de todas las formas de minería en la región. Si bien el gobierno central y las autoridades locales han implementado políticas para frenar la minería ilegal, estas no han sido suficientemente contundentes ni sostenibles a lo largo del tiempo. La falta de recursos para la vigilancia y el control, así como la corrupción local, son factores que permiten que la minería informal continúe sin restricciones, a pesar de los esfuerzos declarativos por proteger el medio ambiente.
Para abordar esta problemática, es necesario que las autoridades implementen una estrategia de intervención que no solo sancione a los mineros informales, sino que también ofrezca alternativas viables para su reintegración a actividades productivas más sostenibles. La creación de incentivos para que los mineros informales se reconviertan a actividades legales y ecológicas, como la agricultura orgánica o el ecoturismo, debe ser una prioridad. La capacitación técnica y la provisión de recursos financieros para fomentar proyectos agrícolas y forestales sostenibles son cruciales para reducir la dependencia de la minería informal y fortalecer el tejido social de las comunidades.
En este sentido, las Rondas Campesinas, que han jugado un papel fundamental en la defensa de los territorios y en la organización comunitaria, tienen un rol clave en la promoción de una cultura de respeto por el medio ambiente. Sin embargo, es necesario que estas organizaciones se involucren más activamente en la creación de alternativas económicas para sus bases, impulsando proyectos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales que sirvan como una opción real frente a la minería informal.
Otro elemento crucial en esta lucha es la participación activa de la sociedad civil, las ONGs y las instituciones académicas en la creación de conciencia sobre los efectos nocivos de la minería informal y en la promoción de modelos de desarrollo rural basados en la sostenibilidad. Las comunidades deben ser protagonistas en la elaboración de políticas públicas que respondan a sus necesidades reales, y las autoridades deben garantizar que estas políticas no solo estén orientadas al control de la minería ilegal, sino también a la construcción de una economía local que valore la protección ambiental como un pilar fundamental.
Es urgente que las autoridades actúen con firmeza y clausuren de inmediato las dragas en los ríos del Sector Montaña. La minería informal no solo destruye el medio ambiente, sino que también compromete el futuro de las comunidades. Si realmente defendemos el lema "Agro Sí, Mina No", esta postura debe ser coherente y aplicarse a todas las formas de minería, tanto legales como ilegales, sin excepciones. La falta de coherencia entre el discurso y la práctica en la lucha contra Río Blanco Copper solo favorece a quienes promueven la minería destructiva, deslegitimando la lucha anti-minera en el norte peruano.
La lucha contra el extractivismo minero en Perú debe ser contundente y sin titubeos. El lema "Agro Sí, Mina No" no puede ser blando; debe implicar un compromiso firme con la defensa de los territorios y el medio ambiente. Es necesario que las autoridades, las organizaciones sociales y las comunidades trabajen juntas para erradicar la minería informal y promover un modelo de desarrollo alternativo que no esté basado en la explotación destructiva de los recursos naturales. Solo con una acción colectiva y coherente se podrá garantizar un futuro más sostenible y justo para las generaciones venideras.
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